El Estado invertido
- 1 may
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Más fuerte para vigilar al ciudadano que para limitarse a sí mismo
Por Sasha Alberto Klainer
La sola existencia de una acusación formal presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios actuales y antiguos del gobierno y de las fuerzas de seguridad de Sinaloa —incluido el gobernador en funciones— por supuesta colaboración con una organización criminal debería obligarnos a una reflexión jurídica más profunda.
No porque una acusación extranjera equivalga, por sí misma, a verdad judicial definitiva, sino porque exhibe una pregunta institucional de fondo: ¿qué significa para un Estado que las imputaciones más graves sobre captura criminal del poder no emerjan primero de sus propios mecanismos internos de control, sino desde fuera?
El documento no describe un episodio menor ni una simple desviación individual. Presenta, en términos de imputación penal, un entramado en el que funcionarios públicos y agentes del orden habrían puesto sus cargos, su capacidad de protección y su acceso a información sensible al servicio de una organización criminal, a cambio de poder, dinero e impunidad. En otras palabras: un poder público que ya no opera como límite frente a la fuerza, sino como vehículo de su expansión.
Eso es lo verdaderamente alarmante. No solo por la gravedad penal de lo que se acusa, sino por lo que revela en términos de teoría del Estado.
La inversión de la lógica republicana
El Estado moderno no nació para vigilar más eficazmente al gobernado que a sí mismo. No surgió para perfeccionar su capacidad de recaudar, fiscalizar, registrar, rastrear o administrar sin reforzar, al mismo tiempo, sus obligaciones de rendición de cuentas, autocontención y protección efectiva de derechos.
El Derecho tampoco apareció para blindar al poder frente al escrutinio, sino para domesticarlo, repartirlo y someterlo a reglas. Su sentido fundacional es evitar que la fuerza se imponga sin cauce, sustituir la arbitrariedad por normas y ofrecer a la vida común un mínimo de previsibilidad, verdad y justicia.
Cuando esa lógica se invierte, el problema ya no es solo administrativo ni exclusivamente penal. Se vuelve civilizatorio y constituye una amenaza grave contra el Estado de Derecho.
Porque eso es, en el fondo, lo que estamos viendo con creciente frecuencia: un aparato público cada vez más sofisticado para controlar al ciudadano, pero demasiado débil —o demasiado opaco— cuando se trata de esclarecer tragedias, contener a la delincuencia organizada, sancionar redes de corrupción, investigar vínculos criminales, proteger el territorio, cuidar el ambiente o someter al propio poder a límites verificables.
Es un Estado fuerte hacia abajo y débil hacia arriba. Exigente con el gobernado, insuficiente frente al crimen organizado e indulgente consigo mismo. Meticuloso para fiscalizar, pero evasivo cuando se trata de ejercer el deber y responder ante violaciones graves que, aun siendo persistentes, no siempre provocan una reacción institucional equivalente.
Ese desequilibrio no es una falla secundaria. Es una inversión de la lógica republicana.
Poder sin frenos, república sin defensa
La república parte de una premisa sencilla y exigente: quien ejerce poder debe estar más controlado, no menos. Debe justificar sus decisiones, exponer sus razones, aceptar contrapesos, tolerar supervisión y someterse a responsabilidades más altas precisamente porque administra recursos, fuerza y atribuciones que no le pertenecen.
En una república, el ciudadano no existe para tranquilizar al poder; el poder existe para servir al ciudadano dentro de límites claros.
El control del poder para evitar abusos y arbitrariedades es central en los diseños constitucionales.
Por eso resultan tan preocupantes los intentos, cada vez más frecuentes, de utilizar el marco normativo vigente —o de reformarlo estratégicamente— para desactivar críticas, dificultar llamados a cuentas o reducir zonas de vigilancia institucional.
Quien gobierna no se debe a una facción, a una clientela o a una mayoría circunstancial. Por encima de intereses sectoriales debe estar la república.
De ahí la gravedad de la erosión de instituciones intermedias, la disolución de contrapesos, la concentración de decisiones estratégicas y la creciente dificultad para distinguir entre Estado, gobierno, partido, narrativa y aparato de protección mutua.
Cuando los órganos de control se debilitan, cuando la transparencia se vuelve incómoda, cuando la supervisión externa se trata como obstáculo y cuando el acceso a la verdad depende cada vez más de la voluntad política del propio poder, lo que se deteriora no es solo la técnica institucional. Se erosiona la legitimidad misma del pacto.
Y sin pacto, lo que queda es mera administración del mando: un terreno propicio para tensiones internas y externas. Allí donde la razón jurídica deja de prevalecer, el orden se vuelve vulnerable a la irrupción de fuerzas que confrontan la legalidad vigente y buscan imponerse al margen del Derecho.
La eficacia sin verdad también deforma al Estado
La tragedia de estas deformaciones es que suelen presentarse bajo ropajes de eficacia, democracia o justicia social. Se promete orden, centralización, simplificación, trazabilidad, capacidad de respuesta, inteligencia digital, disciplina fiscal, combate a la evasión, austeridad y modernización.
Todo eso puede tener valor en abstracto.
El problema comienza cuando esa musculatura administrativa no encuentra un correlato equivalente en verdad pública, justicia material, autonomía de investigación y rendición de cuentas real.
Entonces el mensaje implícito se vuelve devastador: el poder sí puede saber más de ti, pero tú cada vez sabes menos de él. El Estado sí puede exigirte más, pero tú no puedes exigirle con la misma eficacia. La autoridad sí puede rastrear operaciones, patrimonios, movimientos y omisiones del gobernado, mientras la ciudadanía encuentra enormes obstáculos para esclarecer desvíos, redes de captura, omisiones letales o responsabilidades políticas.
Ese no es el fortalecimiento sano del Estado. Es su desfiguración.
Tecnología sin contrapesos
Biométricos, bases de datos cruzadas y sistemas algorítmicos de identificación amplían la capacidad del Estado para rastrear desde evasores fiscales, delincuentes y operadores de lavado de dinero hasta personas con capacidad de incidencia pública o posiciones críticas frente al poder.
El problema se agrava cuando ese fortalecimiento tecnológico ocurre al mismo tiempo que se erosionan contrapesos como organismos autónomos, reguladores, fideicomisos públicos, instancias evaluadoras, organizaciones de la sociedad civil y otros espacios de independencia institucional.
Un Estado que se vuelve más capaz de registrar al ciudadano que de contener al criminal empieza a traicionar la razón que justifica su existencia.
En paralelo, se erosionan instituciones y garantías fundamentales del orden constitucional: el juicio de amparo, la protección frente a actos de molestia sin mandamiento judicial, la inviolabilidad de documentos, posesiones, propiedades y datos personales, el control de constitucionalidad y los límites materiales al poder legislativo, especialmente cuando la sobrerrepresentación facilita mayorías calificadas que alteran el equilibrio republicano.
No es un alegato partidista: es un problema de régimen
Y esto no debe leerse como un alegato partidista. Sería demasiado fácil —y demasiado pobre— reducirlo a la lógica del escándalo coyuntural. El problema es más hondo. Tiene que ver con la manera en que una comunidad política concibe el poder y con el lugar que otorga al Derecho dentro de esa concepción.
Si el Derecho deja de ser límite y cauce para convertirse, poco a poco, en herramienta de administración selectiva; si la legalidad se vuelve más intensa para el débil que para el fuerte; si el aparato público perfecciona sus capacidades de control externo mientras debilita sus mecanismos de control interno, entonces no estamos solo ante una crisis de confianza. Estamos ante una mutación del orden político.
Ninguna facción debería recibir un cheque en blanco. Precisamente por eso el diseño institucional importa: porque debe protegernos no solo de los excesos del adversario, sino también de los abusos del gobernante en turno.
Hay una diferencia decisiva entre un Estado con capacidad y un Estado sin contrapesos. El primero protege mejor porque puede actuar con eficacia dentro de límites. El segundo administra mejor su propia permanencia porque reduce la resistencia institucional que podría revisarlo. El primero fortalece la vida común. El segundo la subordina.
Cuando la estructura se desnuda
En términos jurídicos, lo que está en juego no es únicamente la violación de normas particulares, sino la alteración del sentido estructural del orden. El pacto social no se celebra para que la persona renuncie a su libertad a cambio de una vigilancia más intensa, de una opacidad mayor o de una protección más débil.
Se celebra para que el poder público haga precisamente lo contrario de la fuerza privada: responder a fines generales, operar bajo reglas, sujetarse a revisión y garantizar que la autoridad no se convierta en botín, máscara o escudo.
Solo así la sociedad puede aspirar a ser más fuerte, más productiva y más orientada al bien común.
Por eso escandalizan tanto los momentos en los que la estructura se desnuda. No solo por el hecho puntual que emerge, sino porque deja ver la inversión de funciones. La instancia que debía proteger, protege al poder. La instancia que debía investigar, administra versiones. La instancia que debía contener, negocia. La instancia que debía esclarecer, dosifica. La instancia que debía limitarse, se concentra.
Y cuando eso ocurre de manera recurrente, el ciudadano empieza a percibir algo muy peligroso: que la asimetría no es accidental, sino sistémica.
Más control, menos república
No hace falta abrazar maximalismos para admitirlo. Basta observar la tendencia. Cada vez resulta más natural que el Estado exija plena trazabilidad del gobernado, mientras normaliza zonas oscuras en su propia conducta. Cada vez parece más razonable que el ciudadano cargue con nuevas obligaciones de información, cumplimiento, identificación y exposición, mientras las responsabilidades políticas se difuminan entre narrativas, tecnicismos, dilaciones o lealtades internas.
Cada vez se refuerza más la idea de que la administración del país requiere concentración, mientras se mira con molestia todo aquello que suene a límite, objeción, autonomía o revisión.
Eso no fortalece una república. La vuelve más frágil, aunque por momentos parezca más compacta.
Porque una república no se mide por el tamaño de su aparato, sino por la calidad de sus frenos. No por su capacidad de exigir, sino por su disposición a responder. No por la amplitud de su control, sino por la legitimidad de su autocontención. La fortaleza del Estado no está en que pueda verlo todo, sino en que acepte que no puede hacerlo todo sin ser visto.
Esa es, quizá, la diferencia decisiva entre un orden jurídico y una administración del poder: en el primero, la autoridad sabe que debe justificar su fuerza; en la segunda, la fuerza termina justificándose por su propia conservación.
Cuando el problema deja de ser de gobierno y se vuelve de régimen
Lo verdaderamente grave de nuestro tiempo no es solo la suma de casos que escandalizan a la opinión pública. Es la costumbre institucional que empieza a formarse detrás de ellos: un poder que se perfecciona para recaudar, fiscalizar, registrar y controlar; pero que tropieza, se encubre o se diluye cuando debe esclarecer, reparar, sancionar o limitarse.
Esa asimetría es incompatible con la lógica fundacional del Derecho.
El Estado no fue creado para ser cada vez más visible en la vida del ciudadano y cada vez menos transparente en la suya propia. No fue instituido para exigir máxima obediencia y ofrecer mínima verdad. No nació para sustituir los contrapesos por la concentración ni la responsabilidad por la narrativa.
Cuando el poder se vuelve más fuerte para vigilar al ciudadano que para sujetarse a sí mismo, el problema ya no es solo de gobierno. Es de régimen.
Y eso, en cualquier comunidad que todavía se tome en serio la idea de república, debería ser motivo suficiente de alarma.
En conjunto, la escena sugiere institución, estructura, vigilancia, formalidad y concentración del poder, sin recurrir a símbolos partidistas ni a elementos coyunturales. Es una imagen elegante y contenida, adecuada para acompañar una columna sobre Estado, Derecho, contrapesos, control público y erosión institucional.
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