Razón o fuerza: el frágil equilibrio del pacto social

por Sasha Klainer

Vivimos bajo la premisa de que el Estado de Derecho es una conquista civilizatoria. No es un accidente histórico ni una concesión graciosa del poder: es el resultado de un pacto social mediante el cual decidimos sustituir la fuerza por la razón, la imposición por la norma y la violencia por procedimientos institucionales.

El pacto social implica algo fundamental: renunciamos a resolver nuestros conflictos por mano propia y delegamos en instituciones legítimas la tarea de ordenar la convivencia. A cambio, exigimos reglas claras, aplicación imparcial y eficacia en la resolución de tensiones. El Derecho se convierte así en un mecanismo de canalización racional del conflicto.

El Estado de Derecho no elimina las diferencias; las administra. No suprime la ambición, la frustración o el desacuerdo; les ofrece cauces. Su legitimidad descansa en algo delicado pero decisivo: su capacidad de alinear la realidad con las aspiraciones colectivas mediante reglas que sean, al mismo tiempo, justas y eficaces.

Pero cuando ese equilibrio se deteriora, el pacto comienza a resentirse.

Si las instituciones pierden credibilidad, si la norma deja de percibirse como justa o aplicable, si la distancia entre lo que promete el orden jurídico y lo que experimenta la sociedad se vuelve demasiado amplia, emergen tensiones. Primero son críticas. Luego, resistencias. Después, desafíos abiertos al marco institucional.

Y cuando los canales formales se perciben cerrados o ineficaces, la tentación de volver a la fuerza reaparece.

No necesariamente en forma de violencia inmediata, sino como desobediencia sistemática, erosión del respeto normativo o búsqueda de soluciones de hecho. El Derecho, que había cerrado el espacio a la imposición violenta, comienza a ver cómo ese espacio vuelve a abrirse.

La historia lo confirma: cuando las vías institucionales se bloquean, surgen avenidas paralelas. A veces se trata de movimientos reformistas que empujan una evolución necesaria. Otras, de rupturas abruptas que, tras un alto costo social, imponen un nuevo orden que deberá, inevitablemente, buscar también su propia legitimidad.

Siempre será preferible la evolución a la revolución. La evolución permite ajustes graduales, preserva lo valioso y corrige lo defectuoso sin destruir el entramado institucional. La revolución, en cambio, suele ser la respuesta cuando el sistema se percibe incapaz de autorreformarse. Es la imposición por la fuerza de lo que no logró construirse por consenso.

Pero incluso los cambios abruptos enfrentan una paradoja: tarde o temprano deberán institucionalizarse. Todo orden nacido de la ruptura necesitará estabilidad, legitimidad y eficacia si pretende perdurar. De lo contrario, reproducirá el mismo ciclo que lo originó.

El pacto social no es un contrato firmado una sola vez; es un equilibrio dinámico. Requiere actualización constante, apertura al diálogo y capacidad de adaptación. El Estado de Derecho no se sostiene solo en la letra de la ley, sino en la convicción colectiva de que sigue siendo el mejor camino para ordenar nuestras diferencias.

Cerrar los espacios a la violencia no significa negar el conflicto, sino encauzarlo. Pero para que ese encauzamiento funcione, las instituciones deben ser creíbles, accesibles y capaces de responder con justicia y eficacia.

Cuando el Derecho deja de ser puente entre realidad y aspiración, otros mecanismos intentarán ocupar ese lugar.

La lección es clara: si queremos evitar que las tensiones deriven en imposiciones de hecho, debemos mantener abiertas las vías institucionales. Reformar antes de romper. Escuchar antes de estallar.

Evolucionar antes de colapsar.

Porque toda sociedad que sustituye la razón por la fuerza termina pagando un precio que casi siempre es mayor que el costo de reformarse a tiempo.