La Herida que No Cierra: entre el Estado de Derecho y el Estado Fallido

Por Sasha Klainer

Un país se desangra no solo cuando matan a un hombre, sino cuando callamos ante la injusticia.

Desde hace días, suceden inquietudes respecto de la respuesta -o la falta de ella- ante situaciones que esconden -en silencio- un abanico de emociones que oscilan entre la rabia y la tristeza.

La escribo pensando en Carlos Manzo, pero también en miles de rostros sin nombre. En Teuchitlán, donde la tierra devuelve huesos, calzado y silencios; en Uruapan, donde la violencia dejó de ser noticia y la crónica de una muerte anunciada supera la ficción literaria; en cada madre que busca con las manos lo que el Estado dejó de buscar con la ley.

En las medicinas para los enfermos de cáncer… en su desenlace inevitable.

No en banderas de colores o ideologías coyunturales o intereses sectarios.

No hay guerra declarada, y sin embargo el país sangra.

El dolor, aunque llegase a ocupar las portadas y sonar en medios, no nos incendia porque parecemos tener una anestesia de habernos acostumbrado.

Maromas diarias para transitar sin enlodarse entre fosas y titulares, entre cifras que no tienen rostro ni nombre propio y discursos que se disuelven en promesas de “transformación”, que esconden una profunda polarización e indiferencia o resignación. Es más importante adjudicar el galardón del más corrupto o ineficiente, que conmovernos de la tragedia y su dimensión humana.

Pero dejando a un lado esos sesgos, lo más grave no es el horror en sí mismo, sino su normalización.

La aceptación de una realidad que nos quiere convencer de que las cifras van en descenso, como si eso fuese alguna clase de consuelo.

Algo está podrido en las entrañas cuando la herida ya no escandaliza; sino que se ha vuelto el paisaje.

La inversión del orden racional

Como práctica recurrente, suelo preguntar en una etapa del curso de introducción al estudio del Derecho a mis alumnos si México es un Estado de Derecho o un Estado fallido.

Era una pregunta académica que invitaba al análisis, a la esperanza razonada, a la conciencia crítica. No a señalar culpables sino a asignar responsabilidades, no a resignarse ante problemas sino participar de soluciones para fortalecer al Estado.

Hoy, confieso, me cuesta más trabajo hacerla y no enredarme con ellos en espirales y laberintos contraintuitivos.

Ante cuestionamientos sobre reformas constitucionales o legales que sugieren más una erosión de instituciones y concentración del poder y no una división de poderes y contrapesos, que descansan sobre la figura de caudillos y movimientos que sobre institucionalidad; incluso cuando se diseñan garantías y recursos no para proteger al ciudadano del poder, sino para blindar al poder del ciudadano; algo esencial pareciera romperse. La racionalidad y la axiología transitan en sentido contrario, las voluntades no se alinean en forma lógica, se enfrentan y la lectura de la realidad es miope. Este camino no augura promover soluciones justas a las situaciones que vivimos o para atender las necesidades actuales.

Porque cada vez que un funcionario cree que la lealtad partidista pesa más que la Constitución, se debilita la república. Grietas en el entramado institucional abren puertas a la consolidación de hegemonías por encima de la democracia. Depender del buen juicio y disposición del gobierno no es la mejor apuesta. Para eso se construyen sistemas y garantías que blinden el pacto social y su ejercicio para alcanzar los fines comunes.

Porque cuando las instituciones se vuelven brazos de un proyecto y no contrapesos del mismo, la democracia deja de respirar.

El Estado de Derecho no es un eslogan ni un decreto.

Es un pacto social, moral, legal: el compromiso de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien la dicta, quien la aplica. Nadie puede desvincularse de las obligaciones que le corresponden.

El monopolio de la fuerza pública a disposición de fines y valores, se usa cuando corresponde, no al arbitrio de ciertos colores o distingos. El cáncer social, deviene del binomio corrupción e impunidad, aplicación selectiva de la ley y supeditar la misma a intereses particulares.

Y sin embargo, cada vez pareciéramos confiar más en personalidades, en caudillos, en promesas providenciales, en movimientos coyunturales… más que en instituciones sólidas. En colores, en banderas, en ideologías, en discursos, en personas, en grupos...

La fe ciega sustituye a la vigilancia ciudadana y la fortaleza sistémica e institucional.

Y la historia demuestra que los pueblos que cambian razón por fervor terminan siempre arrepentidos.

La anestesia del alma pública

El mayor riesgo no es la violencia: es la indiferencia.

El acostumbramiento.

La comodidad de mirar hacia otro lado, de justificar lo injustificable, de pensar que: “así es México”, “así ha sido su clase política”, “tenemos el gobierno que merecemos…”

¿Nos habremos de adaptar al absurdo?

Vivimos con miedo, pero también con resignación.

El ciudadano que se indigna es visto como exagerado; el que exige, como enemigo. Con pintar un poco de color el matiz, se anula su fondo y relevancia contaminando sus intenciones con prejuicios pesados.

Y así, poco a poco, el poder deja de tener límites, porque los límites que debía imponer la conciencia colectiva se diluyen en apatía o insuficiencia.

Un país no muere solo por balas, sino por silencios.

Grietas y heridas que hacen metástasis, Por los que no preguntan, no se informan, por los que creen en discursos más que en las acciones, por los que se conforman con señalar culpables presentes o pasados, por los que se justifican en evasivas y los errores de otros, por los que votan con sesgo o sin memoria, por los que mejor no opinan ni actúan, por los que huyen, por los que no tienen voz o presencia en el debate, por quienes no enseñan, por quienes no quieren pensar, no postean, no marchan, no educan en memoria ni en pensamiento crítico.

Por quienes justifican cualquier cosa con tal de evitar entrar de fondo a las cosas y asumir responsabilidades. Quienes buscan atajos, la cultura del privilegio antes que la del esfuerzo.

La erosión institucional comienza en la erosión de percepción que deslava la integridad moral y debilita el orden jurídico.

Y cuando la educación cívica se reemplaza por propaganda, la nación se encamina a su propia extinción ética. La vulgarización que amenaza con la incierta permanencia de la ordenación social y su eficacia.

El contrapeso del asombro

Necesitamos recuperar algo elemental: la capacidad de asombro y de indignación.

Asombro, conmoción ante lo inaceptable.

Indignación ante lo impune.

Exigencia de lo que a cada quien le corresponde, como una constante y perpetua voluntad y compromiso.

Que cada cuerpo hallado en una fosa sea un espejo, no un número que graficar para mostrar puntos o líneas.

Que cada acto de corrupción nos recuerde que la justicia no se delega: se defiende. Debe atacarse el acto y su impacto, no a la causa política y su cuna.

Que cada discurso oficial sea leído con pensamiento crítico y no con devoción emocional. Que no se descalifiquen las voces, sino que se procesen con seriedad para tejer puentes entre las diferencias buscando el bienestar común.

Un Estado fuerte no se mide por el control que ejerce, sino por los límites que acepta en el ejercicio de su mandato, sin renunciar a sus responsabilidades. En su capacidad de que cada individuo y grupo goce, por un lado, de sus derechos y libertades y, por el otro, cumpla con sus deberes o afronte sus consecuencias.

Y una ciudadanía madura no se define por su obediencia, sino por su conciencia. No se trata de estirar la mano y demandar satisfacción plena. El bien común no es el bien de cada individuo, sino el de todos en comunicación.

Es una distribución equitativa de las cargas y los beneficios del bienestar común, de alineación de voluntades, de incentivos bien estructurados y de consecuencias administradas según corresponde, sin sesgos, distingos, atajos o excusas.

No se trata de destruir lo que hubo, o lo que hay, sino de exigir que funcione, cada vez mejor y para todos. Suficientemente para preservar los mecanismos de ordenación social.

Es importante no solo volver a creer en la ley, no como instrumento del poder, sino como escudo del ciudadano y como mecanismo para procurar el orden y la convivencia pacífica a la que aspiramos y de la cual todos nos beneficiamos. Los que deben temer son los que no participan de ese bienestar común en construcción.

La dignidad como última frontera

México no está condenado irremediablemente y sin salidas.

Pero sí está herido.

Y toda herida que no se limpia, se infecta.

La sangre de los desaparecidos, de los periodistas, de los funcionarios que enfrentan amenazas, de los inocentes… no se borra con discursos ni con monumentos.

No basta declarar que se llegará hasta las últimas consecuencias: se necesitan resultados.

No basta con ondear banderas ideológicas o escudarse en invitaciones a realizar denuncias y presentar evidencias, si no concluyen en justicia.

La responsabilidad histórica no se cumple con diagnósticos o promesas de “abordajes estructurales” que se quedan en retórica. Hace falta política pública que transforme, no discursos que repitan mantras o consignas detrás de cortinas de humo.

Dar sentido a esas vidas truncadas exige nombrar las cosas por su nombre y comprender la realidad en toda su complejidad. Solo así puede actuarse con eficacia, reconociendo que los fenómenos que nos atraviesan son multifactoriales y que la responsabilidad es compartida, interdependiente y persistente.

Y cuando se habla de justicia, no hablamos de justicia mediática o viral. Sino de la auténtica: La que no distingue colores, apellidos ni afiliaciones. La que representa a todos, no solo a quienes comparten una visión o pertenecen a una causa que se enmarca en un lente o un algoritmo.

Quizá no podamos cambiar todo, pero sí podemos negarnos a callar.

Negarnos a perder la esperanza lúcida, esa que no se confunde con ingenuidad.

Negarnos a dar cheques en blanco a nadie, y exigir siempre cuentas a todos -incluso a uno mismo-.

Un país empieza a sanar cuando su gente deja de temerle a la verdad y aprende a decirla —aunque moleste, aunque incomode, aunque desafíe consensos aparentes o rompa la comodidad de ciertos silencios… o de ciertos discursos.

Y cuando esa verdad aún duele —cuando conmueve, cuando moviliza— significa que no todo está perdido: todavía circula sangre por las venas del país.

Porque lo contrario del fracaso institucional no es el éxito político.

Es la dignidad humana que todavía se atreve a decir: “basta”.